La urgencia de la sostenibilidad en la moda colombiana 

AUTOR: Alana Giraldo

La sostenibilidad dentro de la industria de la moda colombiana dejó de percibirse como un valor diferencial o una estrategia reputacional. Actualmente se consolida como una exigencia comercial, regulatoria y de consumo que obliga a las marcas a replantear sus procesos productivos, materiales y sistemas de trazabilidad. Lo que hace algunos años era interpretado como un «plus», hoy funciona como un criterio de permanencia y credibilidad dentro del mercado. 

La presión del consumidor también ha cambiado significativamente. Existe hoy un consumidor más informado y crítico frente al greenwashing, que exige transparencia sobre materiales, origen de producción, impacto ambiental y responsabilidad social. La sostenibilidad influye directamente en la percepción de valor de una marca y en las decisiones de compra. 

Al mismo tiempo, el marco regulatorio colombiano se endurece. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se han fortalecido políticas de consumo sostenible y economía circular alineadas a estándares internacionales. Colombia participa además en la Alianza Ambiental de América —liderada junto a México y Costa Rica— cuyo objetivo es un sistema de etiquetado armonizado entre países miembros enfocado en producción y consumo sostenible. Esta transición no responde únicamente a una agenda ecológica: también está ligada a la competitividad económica y acceso a mercados internacionales. 

Las marcas que no adapten sus procesos podrían enfrentar restricciones, costos operativos crecientes y desventajas competitivas frente a empresas que sí integren criterios ambientales en su estructura. 

Las 10 reglas de sostenibilidad que toda marca de moda en Colombia debe cumplir 

Para la industria de la moda colombiana, la sostenibilidad ya no puede limitarse a campañas visuales o discursos publicitarios. Estas son las diez exigencias concretas —regulatorias, certificatorias y operativas— que toda empresa del sector debe conocer y comenzar a implementar. 

1. Gestión integral de residuos textiles El Proyecto de Ley 218 de 2022 crea el sistema de gestión integral de residuos textiles en Colombia. Para las grandes empresas es de obligatorio cumplimiento; para pymes, voluntario pero estratégico. Implica asumir la responsabilidad extendida del productor: garantizar que los residuos generados a lo largo del ciclo de vida del producto tengan una disposición final responsable, ya sea mediante reúso, reciclaje o gestión certificada. 

2. Control de vertimientos y tratamiento de aguas residuales La Resolución 631 de 2015 —que reglamenta el Decreto 3930 de 2010— establece los parámetros y valores máximos permisibles en vertimientos para 73 actividades productivas, incluyendo la industria textil. Toda empresa que genere aguas residuales debe obtener permiso de vertimientos ante la ANLA o la autoridad ambiental regional, tratar sus efluentes antes de descargarlos y reportar periódicamente la calidad y cantidad de sus vertimientos. 

3. Certificación con el Sello Ambiental Colombiano (SAC) regulado por la Resolución 1555 de 2005 y administrado por la ANLA, el SAC certifica productos y servicios con mejor desempeño ambiental. Para el sector textil aplica la NTC 6238, que establece criterios sobre materiales, energía, empaques, tinturas y tecnologías de producción. La certificación es voluntaria, pero se posiciona cada vez más como un requisito de acceso a mercados institucionales y de exportación. 

4. Eliminación progresiva de plásticos de un solo uso en empaques La Ley 2232 de 2022 regula el uso de plásticos de un solo uso en Colombia. Para la industria de la moda, esto impacta directamente el packaging: bolsas, etiquetas plásticas, protectores y empaques deben migrarse hacia materiales reciclables, biodegradables o reutilizables. Las empresas que aún no hayan iniciado esta transición están fuera de cumplimiento. 

5. Uso responsable del recurso hídrico La industria textil es una de las más intensivas en consumo de agua a nivel global. En Colombia, el marco normativo del recurso hídrico (Decreto 1076 de 2015 y normas asociadas) exige que las empresas cuenten con permisos de concesión de aguas, implementen medidas de ahorro y uso eficiente, y reporten su consumo. Programas como RenovaModa, impulsado por la ANDI, también empujan hacia la medición de la huella hídrica como estándar sectorial. 

6. Trazabilidad de la cadena de producción Una de las exigencias más urgentes —y aún menos estandarizada en Colombia— es la capacidad de una marca de documentar y demostrar el origen de sus materiales, las condiciones laborales de sus proveedores y el impacto ambiental de cada etapa productiva. La Alianza Ambiental de América avanza hacia sistemas de etiquetado armonizados que requerirán trazabilidad verificable. Implementar herramientas de trazabilidad hoy es anticiparse a una obligación regulatoria próxima. 

7. Responsabilidad en la gestión de químicos y tinturas El sector textil utiliza colorantes, fijadores y auxiliares químicos que, mal gestionados, representan un riesgo ambiental y de salud. Colombia exige permisos especiales para el manejo de sustancias químicas peligrosas y la disposición adecuada de sus residuos, en línea con el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, ratificado por el país. Las marcas deben auditar los químicos usados por sus proveedores de confección y tintorería. 

8. Cumplimiento de estándares laborales en la cadena de valor La sostenibilidad en moda no es solo ambiental. El Pacto Global de la ONU —al que están adheridas empresas colombianas del sector— establece que las marcas son responsables de las condiciones laborales a lo largo de su cadena de suministro: desde el cultivo de fibras hasta la confección. Trabajo informal sin prestaciones, trabajo infantil o jornadas ilegales en cualquier eslabón de la cadena representan un riesgo reputacional y regulatorio para la marca principal. 

9. Incorporación de criterios de economía circular en el diseño El diseño circular —que considera el fin de vida del producto desde su concepción— es una de las apuestas estratégicas del Ministerio de Ambiente y del sector privado en Colombia. Implica diseñar prendas para que sean reparables, reutilizables o reciclables; trabajar con fibras recicladas o de bajo impacto; y establecer programas de devolución o intercambio con el consumidor. No es aún una obligación legal universal, pero sí un criterio creciente en licitaciones, acceso a créditos verdes y selección de proveedores por parte de grandes compradores internacionales. 

10. Transparencia y comunicación verificable: no más greenwashing En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede sancionar prácticas de publicidad engañosa, lo que incluye afirmaciones ambientales no verificables. Decir que una prenda es «eco», «sostenible» o «verde» sin respaldo técnico o certificación expone a la marca a sanciones. Toda comunicación de atributos ambientales debe estar sustentada en datos, certificaciones reconocidas o metodologías verificables. 

Frente a este escenario, las marcas que buscan integrarse a estrategias sostenibles necesitan comenzar por revisar toda su cadena de producción: selección de materiales, consumo energético, manejo de residuos, proveedores, empaques y trazabilidad. Muchas empresas ya recurren a certificaciones ambientales, consultorías en sostenibilidad y programas de economía circular impulsados por entidades públicas y privadas. El punto de partida no es la perfección, sino la honestidad sobre el estado actual y un plan de mejora concreto y medible.